Avui us recomano la lectura de dos artícles que avui s'han publicat a La Vanguardia. El primer de Enric Juliana sobre la voluntat del Sr. Garzón de tornar a obrir la ferida de la guerra civil i el segon de Pilar Rahola sobre l'absurditat de la reforma del Codi Civil de Catalunya, com sempre amb tuf de l'ideologia falsament progre i totalitària en la pràctica.
"On és l'Andreu Nin?"
La ofensiva justicialista de Garzón puede generar miles de demandas contra el PSOE y la Generalitat
Vuelve el justicialismo. Como ocurriera hace quince años, el populismo judicial regresa en perfecta coincidencia con una crisis económica. A principios de los noventa, la esclarecedora investigación sobre los GAL tuvo tres efectos: desveló un bochornoso crimen de Estado, dejó a salvo la guerra sucia contra ETA llevada a cabo por los gobiernos de UCD (es decir, blindó la figura de Adolfo Suárez) e inició el derribo de Felipe González. La estrella del proceso fue el juez Baltasar Garzón.
En la crisis del 2008, más grave y destructiva que la anterior, el justicialista Garzón llama a la puerta del Estado y exige esta vez la apertura de millares de tumbas de la Guerra Civil. La persecución sistemática del adversario sería elevada a la categoría de "crimen contra la humanidad", con la consiguiente condena virtual del franquismo. Virtual en la medida que la dictadura quedó extinguida con la Constitución de 1978. Nada ni nadie le sobrevive, jurídicamente. Visto desde Madrid, el espectáculo justicialista resulta interesante. Aplauden a Garzón quienes en los años noventa le acusaban de conspiración contra la izquierda, y le critican hasta el insulto quienes hace quince años le ensalzaban como nuevo Cid Campeador. Le acusan, sus actuales detractores, de perseguir un único y exhibicionista objetivo: aparecer en los noticiarios de todo el mundo junto a la la tumba abierta del poeta Federico García Lorca. 1936 fue ayer, sostiene el juez Garzón al afirmar que la calificación de crimen contra la humanidad desborda la ley de amnistía de 1977. La democracia ha dejado pasar un gravísimo delito, proclama el justicialismo.
Estamos, por tanto, ante una profunda impugnación de toda la política llevada a cabo por la oposición a Franco desde que en 1956 el Partido Comunista de España lanzara su histórico manifiesto en favor de la reconciliación nacional.El justicialismo, por ejemplo, pone en entredicho a la Assemblea de Catalunya, cuyo lema era "Llibertat, amnistia i Estatut d´Autonomia". Garzón cuestiona los fundamentos de 30 años de democracia, y algunos de los que estos días le aplauden parece que aún no se han dado cuenta. Atención al siguiente detalle: los golpistas del 18 de julio están muertos, y el franquismo se halla jurídicamente extinguido, pero no ocurre lo mismo con la España republicana. Si 1936 fue ayer, existe margen para que un tribunal llame a declarar a Santiago Carrillo por el asesinato de entre 2.000 y 5.000 prisioneros franquistas en Paracuellos del Jarama, siendo él consejero de Orden Público de Madrid. El nonagenario Carrillo debería demostrar en sede judicial los argumentos de los historiadores que le exculpan de la matanza. De conseguirlo, José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de representante legal del PSOE, seguramente se vería obligado a pedir disculpas por un grave asesinato en masa cometido cuando España era gobernada por su partido (Gobierno Largo Caballero). Si 1936 fue ayer, la liquidación sistemática de sacerdotes y religiosos podría ser calificada de genocidio (asesinato en masa por motivos religiosos, según el derecho internacional) con la pertinente condena judicial, a título póstumo, de la Segunda República. Si 1936 fue ayer, que se vaya preparando la actual Generalitat, heredera legal de la Generalitat republicana, para hacer frente a las reclamaciones de los descendientes de las personas asesinadas arbitrariamente por las patrullas de control,dado que la administración presidida por Lluís Companys, con amplias competencias sobre orden público, no garantizó su seguridad. Si 1936 fue ayer, la ministra Carme Chacón ya puede ir ordenando una investigación exhaustiva del subsuelo de de la brigada paracaidista de Alcalá de Henares, puesto que existen indicios de que allí se hallan los restos de Andreu Nin, comunista disidente secuestrado y asesinado por agentes de la policía secreta soviética en 1937. Quedaría muy feo que el foco de Garzón sólo iluminase la tumba de García Lorca. Crisis económica y justicialismo. La izquierda que ahora aplaude sufrirá.
Tu papá es el pizzero
En el nuevo Código de Familia que la consellera Tura encontramos unos peculiares redactados que intentan legislar alegremente el comedor de casa
Lo sé. El título es una provocación. Y, como toda provocación, una mera caricatura del tema que se va a tratar. Pero también tiene la virtud de poner sobre la mesa el absurdo al que se puede llegar cuando el rizo de una ley chapotea burdamente en el territorio frágil de la intimidad. Hablo del redactado del nuevo Código de Familia que la consellera Tura ha presentado estos días. En él, y más allá de algunas buenas reformas, encontramos unos peculiares redactados que intentan legislar alegremente el comedor de casa. Veamos las tres perlas de este código que nace con vocación progresista, pero cuya intención resulta harto reaccionaria.
Primera perla: se mantiene la mención a la "fidelidad" como obligación matrimonial. Ello ya existía en el redactado del código anterior, pero a ninguna preclara mente progresostenible se le ha ocurrido pensar que la "fidelidad" es una cuestión que forma parte del pacto de convivencia de cada cual, y que las leyes no tienen que entrar en el lecho de la gente. Es decir, este nuevo código no ha caído en la cuenta de que la fidelidad no es una cuestión legal. Es una estricta cuestión íntima. Y lejos de suprimir tamaña antigualla, la han mantenido. La segunda perla es mucho más grave, porque afecta al territorio sensible de la relación entre padres e hijos. Dice el artículo 235-49 de este nuevo redactado que los padres adoptantes tiene la obligación de decir a sus hijos que son adoptados, y hacerlo, en cualquier caso, antes de los 12. Es decir, este nuevo código tiene la pretensión de entrar en el ámbito privado de la relación padres-hijos y exigir a los padres el qué y el cuándo tienen que dar una información familiar. Entonces, ¿por qué quedarnos en los hijos adoptivos? ¿Y si el niño no es hijo biológico del señor con bigote que se sienta a la mesa, y ejerce de padre, sino del robusto pizzero? ¿El código exigirá a los padres claridad en la materia? ¿Qué diferencia hay entre el "niño, naciste en Siberia" y el "niño, naciste del butanero"?
Y, puestos a plantear absurdos declarativos, cuya capacidad de imposición es tan nula como su efectividad, ¿por qué se queda ahí la cosa? ¿Por qué nuestros preclaros legisladores no se plantean obligar a dar otras informaciones sensibles, de las muchas que la imaginación permite? Las dos respuestas que hasta ahora he oído resultan esperpénticas. Una asegura que esto es meramente declarativo, que no sirve de nada, y que nadie pondrá un policía a preguntar a los niños. Entonces, ¿por qué llenar el código de declaraciones retóricas y estériles? Y la segunda respuesta habla de los derechos de la infancia, y ahí el terreno se vuelve resbaladizo. Los padres tienen la obligación de amar y proteger a sus hijos, pero la manera como los educan es decisión suya y, más allá de los consejos psicológicos, tienen el derecho de que nadie les diga qué tienen que decir a sus hijos. Puestos a inmiscuirse groseramente en el comedor de casa, ¿por qué el código no legisla también lo que tienen que comer, o leer? Situar, además, la edad tan vulnerable de los 12 años como límite legal para esa información sensible es una barbaridad psicológica que cualquier experto abominaría.
Finalmente, nuestros estimados políticos también incluyen que es obligatorio repartir las tareas domésticas. Es decir, ponen en un texto legal la obligatoriedad del lavar, el planchar, etcétera. No entiendo el motivo por el que, puestos a obligar, no incluyen la obligatoriedad del placer conyugal. Por supuesto, es necesario que los hombres compartan las necesidades domésticas. Pero convertirlo en ley es una sandez, primero porque es otra declaración retórica, y segundo porque las leyes no deben legislar el pacto de convivencia de cada cual. Sumadas las tres perlas, lo que queda es un tufillo progre-moralista que trata a los ciudadanos como seres inmaduros que no saben gobernar el comedor de casa.
Si este código lo hubiera redactado algún colectivo religioso, tendríamos pancartas en la calle. Pero lo redacta la progresía, y su latosa injerencia en el comedor de casa se convierte en un bien solidario. Y es que no hay nadie con más vocación sacerdotal que un progresista dogmático.
